Ahora bien, en cuanto a las NIA objeto de análisis, el artículo 8 del Decreto 2170 de 2017 estipuló que el anexo 4.2 empieza a aplicar desde el “1 de enero del segundo año gravable siguiente al de su publicación”, lo cual puede generar confusión respecto al encargo a partir del cual debe empezar a observarse esta norma en la elaboración del informe del revisor fiscal:

• Si es en el dictamen que debe emitir el revisor fiscal sobre los estados financieros con fecha de corte al 31 de diciembre de 2018 que se entrega en 2019.
• O, si es en el dictamen sobre los estados financieros con fecha de corte al 31 de diciembre de 2019, que deberá entregar el revisor fiscal en 2020.

Para aclarar esta posible confusión es fundamental partir del año de expedición del decreto en mención que corresponde al 2017. Por tanto, el 1 de enero del segundo año gravable corresponde al de 2019, como se explica a continuación:

Lo anterior quiere decir que los períodos empiezan a contarse a partir de 2018, que corresponde al primer año gravable, y en este sentido el 2019 sería el segundo año gravable. Así pues, el 1 de enero de 2019 es la fecha a partir de la cual se exige la implementación obligatoria de este decreto y, por tanto, de las NIA 700 (revisada) y 701. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en su Concepto 276 del 19 de marzo de 2019, menciona:

“La aplicación obligatoria de los cambios incorporados en el Decreto 2170 de 2017 se aplicarán a estados financieros que cubran períodos posteriores al 31 de diciembre de 2018, y no son de obligatoria aplicación para estados financieros de períodos anteriores (…)”.

Por tanto, el dictamen del revisor fiscal para los estados financieros que cubren el período de 2018 debe realizarse con las normas vigentes hasta el momento, y no con las del anexo 4.2 del DUR 2420 de 2015. No obstante lo anterior, el Decreto 2170 de 2017 permite la aplicación anticipada de estas normas, con la condición de que se apliquen todos los requerimientos de los estándares por los que se haya optado con esta opción.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en su concepto arriba citado, realiza una importante aclaración en el tema. Al respecto, menciona que en los encargos de auditoría o revisoría fiscal que se establezcan con fecha posterior al 1 de enero de 2019 se deberán aplicar estas normas, así cubran períodos anteriores a esta fecha. Lo dicho anteriormente, puesto que en el encargo deben observarse las normas vigentes a la fecha que se suscribe el encargo y no las que estén derogadas para ese momento. Esto contaría, por ejemplo, para encargos de revisión de información histórica que versan sobre años anteriores al 1 de enero de 2019.

A los siguientes profesionales les corresponde aplicar estas NIA en el desarrollo de los encargos que suscriban:

Según el artículo 1.2.1.2 del DUR 2420 de 2015, los revisores fiscales que presten sus servicios en:

• Entidades del grupo 1.
• Entidades del grupo 2 que tengan más de 30.000 smmlv de activos o más de 200 trabajadores.
• Entidades que, sin pertenecer al grupo 1, voluntariamente se acogieron a aplicar ese marco.
• Entidades estatales obligadas a aplicar el marco para empresas que cotizan en el mercado de valores o que captan o administran el ahorro del público.
• Según el artículo 1.2.1.8 del DUR 2420 de 2015, los contadores públicos independientes que suscriban los siguientes encargos:
• Trabajos de auditoría de información financiera.
• Revisión de información financiera histórica.
• Otros trabajos de aseguramiento.
• Otros servicios profesionales de contadores independientes.